La cantidad de agua existente en el planeta ha sido siempre la misma; el agua que
tomaban los dinosaurios es la misma que está aquí hoy. Su contaminación reduce la
cantidad disponible apta para el consumo humano, animal y vegetal. En este sentido
también muchos recursos que se entienden como renovables tienen también un límite:
el de la dimensión y salud de los ecosistemas que los sostienen. Como la extensión de la
superficie terrestre y los ecosistemas donde se desarrollan varios de los recursos
renovables son limitados, su desaparición, extinción y contaminación afectan la
cantidad y rapidez en que muchos de los recursos renovables se pueden reproducir.
Los países periféricos en su mayor parte basan su desarrollo económico sobre la suerte
con la que cada uno fue bendecido en el reparto de recursos naturales. Décadas de
pensamiento neoliberal han impedido pensarlos en forma estratégica y muy
especialmente cómo deben ser utilizados en el contexto de su agotamiento. Estos países
son empujados a explotar rápidamente sus recursos no renovables para mantener el
ciclo de pagos relacionados con su alto endeudamiento externo y la necesidad de divisas
fuertes para enfrentar sus compromisos y déficit de la balanza comercial.
Con la irrupción del neoliberalismo en la Argentina en la década de los ’90 se
transforma una historia de las grandes industrias relacionadas con los recursos
hidrocarburíferos y minerales que en su mayoría estaban en manos del Estado y
volcados al mercado interno y a los planes de desarrollo, así como a la soberanía
económica sobre recursos estratégicos. Paralelamente, se superpone la consolidación
mundial de una nueva tecnología minera: la llamada explotación a cielo abierto.
En el contexto de la reforma constitucional de 1994 se otorgan las riquezas del subsuelo a
las provincias y se comienza la reforma del código de minería. Esto significa para el país
que la unidad política que maneja las negociaciones con las corporaciones en nombre de
la sociedad para la extracción de los recursos, es el gobierno provincial y no una
autoridad independiente dentro de la esfera del gobierno nacional. La legislación actual
expresada en el código minero lleva la ideología neoliberal a tal extremo que parece no
tener racionalidad económica; es el sector que más privilegios detenta en el país. Otorga
el dominio de las riquezas a las provincias, y seguidamente por ley prohíbe al Estado
(nacional, provincial) o cualquier otro ente de origen público su explotación, llegando al
extremo en el cual si el Estado encontrase recursos minerales debe entregarlos a un
privado en un lapso menor a un año.
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